[Epístola de tolerantía ad Clarissimum Virum TARPTOLA, scripta a PAPOILA, o sea dirigida a «Theologiae Apud Remostrantes Professorem, Tyrannis Osorem, Limborchium Amstelodanensem», escrita por Pacis Amico, Persecutionis Osore, Iohanne Lockio Anglo]. publicada anónima en 1689.

Constituye una etapa decisiva en la conquista del principio de tolerancia por parte del pensamiento moderno, no sólo por la viveza y el color con que el autor propugna en ella la liber­tad de conciencia, sino también, y especial­mente, por el nuevo planteamiento dado al problema, no ya sencillamente religioso, sino además histórico-jurídico. Locke em­pieza con la justificación religiosa, obser­vando que la tolerancia es carácter esen­cial de la verdadera Iglesia de Cristo, en la que todo título es nulo mientras falte la caridad hacia todo el género humano «comprendidos los no cristianos»; pero lue­go pasa a considerar el tema desde el pun­to de vista jurídico, proponiéndose fijar exactamente los límites de las respectivas competencias entre Iglesia y Estado.

La jurisdicción del magistrado se halla en fun­ción del fin para el cual la sociedad polí­tica está constituida; es decir, la tutela de los bienes civiles, vida, libertad, integridad y bienestar del cuerpo y posesión de los bienes exteriores; no puede pues extenderse a lo que concierne a la salud de las almas. Por otra parte, el poder del magis­trado civil sólo consiste en la «coacción», de modo que no puede ejercerse de ningún modo sobre la conciencia, que por definición es incoercible. Y aunque la autoridad civil tuviese eficacia para plegar la mente hu­mana, no sería lícito entre tanta variedad de opiniones religiosas imponer precisa­mente la fe profesada por el príncipe. En cuanto a los límites del poder eclesiástico, Locke afirma que la Iglesia, siendo una sociedad «libre y voluntaria» constituida con el fin de servir a Dios en público, para conseguir la salud de las almas, no vincula a nadie indisolublemente.

El poder eclesiás­tico no puede ser nunca coactivo, pues no se refiere a los bienes externos, de exclusiva competencia de la magistratura civil; las únicas armas de la sociedad religiosa con respecto a sus miembros son la exhorta­ción, las amonestaciones y los consejos, y, por fin, la expulsión de los obstinados, o excomunión, siempre que no se acompañe de palabras injuriosas o actos violentos que puedan lesionar de algún modo los dere­chos civiles y humanos de los particulares. Ni siquiera la adhesión del príncipe puede dar a una Iglesia una autoridad que no le compete por naturaleza; donde eso suceda, el Estado excede su competencia. El autor insiste sobre la necesidad de mantener se­parados los límites de ambos poderes, ob­servando que la opinión de que el poder civil está basado en la gracia o de que la religión haya de ser propagada con la fuerza, ha sido siempre causa de infinitas guerras y violencias.

El derecho de gober­nar a los pueblos no da al magistrado la capacidad de conocer cuál sea la verdadera religión ni de atribuir a una iglesia deter­minada la prerrogativa de la ortodoxia. En cuanto a los artículos de fe que se divi­den en dogmas especulativos y en prin­cipios de moral, Locke advierte que la creencia en los primeros no puede imponerse, desde el momento que no depende de nuestra voluntad creer o no; en cambio los segundos, en cuanto las acciones mora­les se refieren a la vida civil, caen también bajo la competencia del magistrado, pero con el siguiente límite preciso: que el po­der civil sólo ha de oponerse a las doctri­nas que sean contrarias a los fines para los cuales ha sido constituido y, en general, al bien del Estado y de las buenas costum­bres. Entre ellas la más peligrosa para la paz del Estado es precisamente la intole­rancia que tiende a violar «los derechos del Estado, los bienes y la libertad de loé ciudadanos».

Pero aquí Locke hace una ampliación particular, en contradicción con otras partes de la obra, sobre la Iglesia católica, afirmando que no puede ser tole­rada por el magistrado civil, en cuanto «quienes le están adheridos pasan por ello mismo a las órdenes de otro príncipe», no pudiendo distinguirse en el papa la cali­dad de jefe de la Iglesia, de la de soberano de un Estado. Tampoco puede tolerarse a los ateos, porque para ellos «las promesas, los contratos o los juramentos, vínculos de la sociedad civil, no son ni sagrados ni in­violables», y porque sin la creencia en Dios «todo en el mundo se corrompería». Locke concluye reivindicando explícitamen­te igualdad de derechos para todas las confesiones (comprendida la romana) sin excluir «ni a paganos, ni a mahometanos, ni a judíos». El principio de la tolerancia es, pues, concebido por él con una am­plitud hasta entonces insólita, desde el punto de vista de su concepción política sobre la base del aconfesionalismo del Es­tado y del derecho de libre asociación, doc­trinas cuya aplicación práctica había in­tentado en 1669, cuando fue invitado a realizar un croquis de constitución para la colonia norteamericana de Carolina.

E. Codignola