[Statuto fondamentale del Regno d’Italia]. Carta constitucional del Reino de Italia, promulgada en edicto de 4 de marzo de 1848, núm. 674, por el rey Carlos Alberto. Es del tipo «octroyée», es decir, concedido espontáneamente por el soberano, a diferencia, por ejemplo, de la Constitución americana de tipo contrac­tual.

Pese al carácter paternal de su origen («con lealtad de Rey y con afecto de pa­dre…») el Estatuto es una de las Cartas más liberales que existen: en ella están sancionadas las libertades constitucionales más importantes. Pasando al examen de las principales disposiciones, hay que señalar ante todo el primer artículo, denso de his­toria italiana. En él la religión católica, apostólica y romana es proclamada como la única religión del Estado; los demás cultos son tolerados. Este principio perdió prácticamente todo valor debido a las re­laciones entre la Iglesia y el Estado a con­secuencia de la toma de Roma y la Ley de las Garantías (v.). Pero con la nueva regulación de las relaciones, consagrada en los Pactos de Letrán (v.), el principio del artículo 1.° se reafirmó en todo su alcance, salvo la modificación relativa a los demás cultos que ya no son «tolerados» sino «ad­mitidos» (ley de 24 de junio de 1929, nú­mero 1159).

Los artículos sucesivos estable­cen la forma constitucional del Estado: éste está regido por un gobierno monár­quico representativo (art. 2), donde el po­der legislativo es ejercido colectivamente por el Rey y las dos Cámaras, y el poder ejecutivo sólo por el Rey (art. 3 y 5). Si­guen los diversos órganos constitucionales, en su estructura y en sus funciones. Ante todo el Rey, Jefe supremo del Estado, a quien corresponde el mando de todas las fuerzas armadas, el poder de declarar la guerra y de estipular alianzas y tratados internacionales (art. 5), de nombrar todos los cargos del Estado (art. 6), de sancionar y promulgar las leyes (art. 7), de dar gra­cia y conmutar las penas (art. 8), de nom­brar y destituir a los ministros (art. 65), de instituir a los jueces, que en su nom­bre administren la justicia (art. 68), etc. En otras disposiciones se estudian los de­rechos y deberes de los ciudadanos. A tal objeto se enuncian, como principios fun­damentáis, la igualdad de todos los súb­ditos ante la ley (art. 24) (la condición de los extranjeros está regulada en el código civil); contribución proporcional de todos a las cargas del Estado (art. 25); reconoci­miento y garantía de las libertades funda­mentales: individual (art. 26), de imprenta (art. 28), de asociación (art. 32), inviolabi­lidad del domicilio (art. 27) y de la pro­piedad (art. 29). Las demás disposiciones se refieren a la organización y a la estruc­tura particular de los organismos del Estado.

A. Repaci