Edicto perpetuo

La expresión desig­na en primer lugar el edicto que el magis­trado romano, en virtud del «jus edicendi», promulgaba al comienzo de su año de cargo para dar a conocer al pueblo «quae obser- vaturum erat in jure dicundo». Este edicto tenía eficacia para toda la duración de la magistratura; de ahí el título, en contrapo­sición al «edictum repentinum», emitido para un solo caso concreto. Mas, en realidad, era una «lex romana» que perdía validez al abandonar su cargo el magistrado que la había promulgado. El nuevo magistrado, sin embargo, solía conservar en su edicto aque­llas partes del anterior que respondían tam­bién a sus propios criterios y que, exami­nadas en las prácticas, habían dado buenos resultados.

Lo demás era modificado por el magistrado según sus criterios personales o lo inferido de la práctica o de lo que hoy llamamos la «doctrina». Papiniano afirma, en efecto, que la obra del pretor consiste en «suplir, ayudar o corregir» el rígido de­recho civil; y esto principalmente mediante la inclusión en el edicto de normas saca­das de leyes y decretos del Senado, de cos­tumbres y de «remedia a jureconsultis excogítate». En siglos de evolución y de per­feccionamiento el edicto pretoriano alcanzó un nivel altísimo, hasta llegar a ser un mo­numento de sabiduría y de experiencia ju­rídica. El emperador Adriano, considerando, sin embargo, que la elaboración doctrinal y práctica de las disposiciones edictales había alcanzado ya un grado de plenitud y ma­durez suficiente para su codificación, encar­gó, hacia el año 130 d. de C., al jurista Salvio Juliano la compilación de un texto definitivo del edicto al que los magistrados venideros no pudieran quitar ni añadir nada.

Salvio Juliano compiló los edictos no sólo del pretor urbano sino también del «peregrino», así como el edicto provincial. Pero habiendo sido concedida por Caracalla en 212 d. de C. la ciudadanía romana a todos los súbditos del Imperio, el único de­recho que quedó con valor de edicto per­petuo fue el del pretor urbano. Éste, como tampoco los demás, no ha llegado hasta nosotros; los romanistas, a partir del si­glo XVI, se han dedicado a reconstruirlo basándose esencialmente en el contenido y la «inscriptio» de los fragmentos del Digesto: la reconstrucción más perfecta se debe a Otón Lenel (1883). El Edicto perpe­tuo del pretor urbano, en la reconstrucción de Lenel, puede hallarse en las Fontes juris romani anteiustinianei, editadas por Riccobono, Baviera y Ferrini (Florencia, 1909).

Lenel, según la probable sistematización de Salvio Juliano, divide toda la materia conte­nida en el Edicto en cuatro partes, seguidas de un apéndice; la división sigue el orden del proceso y la sucesión cronológica de los procedimientos. La primera parte, introduc­toria, comprende el ordenamiento del pro­ceso «in jure» hasta la constitución del «judicium». La segunda parte, «de judiciis», comprende los medios jurídicos ordinarios. La tercera comprende el proceso de ejecu­ción, personal y real, y los recursos para la anulación de las sentencias. El apéndice consta de tres partes: La primera trata de los interdictos, la segunda de las excepcio­nes y la última de las estipulaciones preto­riales.

El Edicto perpetuo constituye en su conjunto un sistema inorgánico e incomple­to, necesariamente fragmentario y de carác­ter suplementario, como destinado a com­pletar el «jus civile». La parte procesal es la más desarrollada por ser la que más se prestaba al pretor para corregir las injus­ticias del derecho estricto; pero también ella dista mucho de ser completa, especial­mente en lo que se refiere al procedimiento «in judicio» regulado por la ley y la cos­tumbre. La obra constituye uno de los aspec­tos más espléndidos de la romanidad y una experiencia única en la historia del mundo; la formación del derecho «justo» por un magistrado inspiradísimo, que supo, al tra­vés de las cotidianas decisiones de los casos particulares, elaborar un derecho objetivo adaptado en todo a las más vitales exigen­cias populares.

A. Repací