[Code Napoléon]. Denominación atribuida al Código civil de los franceses [Code civil des Français] y confirmada de modo oficial por de­creto de 1852 para recordar, en «homenaje a la verdad histórica», el enérgico impulso y personal participación que a su redacción y definitiva promulgación dio Napoleón Bonaparte (1769-1821). La codificación del de­recho francés fue bastante laboriosa, por cuanto, ya antes de la Revolución, se pre­sentaba como una de las mayores necesida­des de la legislación material, ya que resul­taba dividida en legislación romana vigente en las provincias meridionales y legislación consuetudinaria vigente en las septentrionales (y recopilada, esta última, en las llama­das Coutumes) dando lugar a disparidades jurídicas bastante graves en el ámbito del propio territorio nacional. Fracasadas las tentativas de codificación, por otra parte mo­destas, emprendidas en tiempos de los gran­des reyes franceses, la idea y la empresa de unificar el derecho privado, ya patrocinada y perseguida en parte por los juristas con la poderosa implantación del «Derecho co­mún», fue pronto reemprendida por las di­versas asambleas legislativas de la Revolu­ción francesa, ante las cuales se presentaron, aún sin éxito, cuatro proyectos al menos de Código civil, eminentemente doctrinarios y demasiado escuetos, debidos particularmen­te a la obra de Jean-Jacques Regis, duque de Cambacérés (1753-1824). Pero, elevado Bonaparte a primer cónsul, confió la reco­pilación del proyecto a una comisión forma­da por sólo cuatro miembros (Troncomisióngot de Préameneu, Maleville y Portalis) que la emprendieron con gran solicitud, y sobre el proyecto así redactado atrajo las obser­vaciones de los tribunales judiciales, pasándolo luego a la discusión de las asambleas legislativas.

Con gran tenacidad e incluso con una perspicaz reforma en la constitu­ción del mismo Tribunado, que especial­mente obstaculizaba el proyecto, venció toda oposición, consiguiendo, en sólo cuatro años desde la primera iniciativa, promulgar el código el 21 de marzo de 1804, resumiendo finalmente a una unidad las treinta y seis leyes sucesivas con las que resultó aproba­do en el Cuerpo legislativo. El Código napo­leónico comprende tres libros y un título preliminar, el cual consta solamente de seis artículos referentes a las disposiciones ge­nerales en torno a las leyes, a su aplica­ción y entrada en vigor, y es cuanto queda de un más amplio libro preliminar de ca­rácter filosófico-doctrinal, enunciador de los derechos que inspiraron el código, pero que fue suprimido. Los tres libros se refieren respectivamente a las «Personas», a los «Bie­nes» y a los «Diferentes modos de adquirir la propiedad», y tienen entre ellos notables desproporciones. El primero, concerniente a las personas, resulta de unos quinientos ar­tículos y, junto a la posición jurídica del ciudadano, regula los actos del estado civil, la tutela, la emancipación y la interdicción; el segundo, de unos doscientos artículos, se ocupa de las diversas clasificaciones de los bienes, del derecho de propiedad, del usu­fructo y de la servidumbre; por fin, el tercero comprende, bajo un título completa­mente genérico, toda la dinámica del dere­cho civil, desde las sucesiones legítimas y testamentarias hasta las donaciones, los prin­cipios generales de las obligaciones, las reglas particulares para los contratos espe­ciales, los privilegios, las hipotecas y la pres­cripción, y comprende más de los dos ter­cios del código, que, completo, tiene más de dos mil artículos. La obra legislativa des­arrollada en el Código napoleónico se ins­piró con gran moderación y cordura, utilizándose, en general con justa medida, las fuentes principales del derecho francés anterior, el derecho consuetudinario y el derecho romano, pero haciendo valer al mis­mo tiempo los principios igualitarios pro­clamados por la Revolución francesa, bajo cuya égida apareció, y que debían de extenderse más tarde en el mundo civil.

El mo­mento histórico de relativa calma, entre las tempestades de la Convención y los sucesi­vos fulgores del Imperio, favoreció su espí­ritu de equilibrio, uno de los factores que determinó su ascendiente sobre los legisla­dores, pero es también notable la influencia ejercida sobre sus redactores por las opi­niones doctrinales del gran jurista Robert Joseph Pothier (1699-1772), y asimismo re­cuerda por ciertas soluciones y por la intro­ducción de determinadas instituciones (por ejemplo, la adopción y el mutuo consenti­miento como causa de divorcio) la influen­cia personal y directa de Napoleón. Tam­bién admirable en relación con otras co­dificaciones efectuadas en aquella época es la claridad de su estilo así como el método de su construcción, y es también notable la total abolición, que sancionó, del derecho anterior. Las doctrinas principales y más características contenidas en el código se refieren a la organización, pero también lo son la secularización de la familia, por lo que aparece el matrimonio civil distinto del religioso; la afirmación individualista del derecho de propiedad; la desaparición de los privilegios en el derecho de sucesión; la salvaguardia vigorosa de la libertad civil, por lo que se excluye el uso coercitivo como medio de ejecución de las obligaciones; el principio de la circulación de los bienes, contra el de la inalienabilidad de las tierras, etcétera.

Se consideran por el contrario pun­tos débiles la carencia de inscripción, por lo que la transmisión de los inmuebles re­sulta deficiente desde el punto de vista de los terceros, y el régimen hipotecario, bas­tante descuidado, pero dichas omisiones han sido resueltas por la legislación posterior, que por otra parte lo ha modificado en mu­chos aspectos, pese a que el antiguo, pero todavía vigente código, continúe siendo la base del derecho privado francés. En cuanto a su fortuna y su influencia sobre las le­gislaciones civiles de los pueblos europeos, pueden, sin la menor duda, considerarse incomparables respecto a cualquier otra co­dificación. Si se excluyen los pueblos anglo­sajones, no hay de hecho ninguna codifica­ción de derecho privado efectuada en el pasado siglo que no haya absorbido algo del Código civil de los franceses, tenido siempre presente como primer modelo. Por otra par­te, se aplicó incluso concretamente a las poblaciones europeas durante el período de sumisión al imperio napoleónico.

A. Amorth

*   En la codificación española, el Código napoleónico aparece como uno de sus modelos más relevantes. Su influencia ya se dejaba advertir en algunos capítulos del primer proyecto de Código civil preparado por las Cortes de 1821 y asimismo en la doctrina re­cogida en algún proyecto posterior de ca­rácter particular, como el debido a Pablo Gorosabel (1832). Pero su influencia funda­mental debe buscarse en el célebre proyecto oficial de 1851 elaborado por García Goyena, cuya orientación doctrinal seguía el espíritu del texto napoleónico. En los comentarios a este proyecto ofrecidos por su propio autor cada artículo está justificado con una es­pecie de plebiscito legislativo en el que decide el voto del Código francés, en com­pañía de sus hijos y nietos según ha seña­lado el profesor Federico de Castro. De modo especial se recogían como instituciones de origen francés: la ausencia, el consejo de familia y el protutor, el testamento oló­grafo, la transmisión de la propiedad sin tradición, etc. Pero este proyecto no llegó a ley por la oposición de los foralistas, y el Código definitivo promulgado, por fin, en el año 1889, y todavía vigente, aunque re­dactado sobre la base del proyecto de 1851 se separa notoriamente del mismo en orden a su inspiración ultrapirenaica por haberse impuesto en muchas materias una vuelta al derecho tradicional padre. Con todo en su forma y estructura externa sigue bastante de cerca al modelo napoleónico — a través del proyecto del 51 — así como a otros va­rios códigos de su filiación. Ello ha ocasio­nado el que corrientemente se le considere como un imitador más del Código de Na­poleón, punto de vista que no puede aceptarse sin grandes reservas.

J. M.^a Font Rius