Acta de Derechos

[Bill of law]. De­claración de carácter constitucional que for­ma parte de la constitución británica. Se subdivide en 13 capítulos, el primero de los cuales enuncia las razones históricas y políticas que motivan la emanación del acta. Resulta, en efecto, que los Lores y los Co­munes, reunidos en Westminster, el 13 de febrero de 1688, presentaron a los príncipes de Orange, Guillermo y María, una decla­ración en la cual, dejando sentado que el rey Jacobo II, tras haber tratado de des­truir la religión protestante, las leyes y la libertad del país, tuvo que abdicar; y que el propio príncipe de Orange, mediante car­tas a los Lores y a los demás representan­tes, proveyó a convocar las elecciones para evitar que la religión y demás libertades corriesen peligro, decretan lo que en el acta se contiene. Los derechos y las libertades demandadas están catalogadas cuidadosa­mente. He aquí las principales: el poder regio no puede suspender las leyes ni su ejecución, sin el consentimiento del Parla­mento; ese mismo poder no queda exento de las leyes y su ejecución; ilegalidad de los impuestos de la Corona en todas sus modalidades, sin consentimiento del Parla­mento; ilegalidad de las detenciones y pro­cesos por peticiones de los súbditos al rey; prohibición de imponer levas o mantener un ejército en tiempo de paz sin el consenti­miento del Parlamento; de exigir fiadores, de imponer multas excesivas e infligir pe­nas crueles e insólitas, de prometer e im­poner multas y penas antes del juicio; li­bertad a los súbditos protestantes de llevar armas reglamentarias para defensa propia; libertad de elección de los miembros del Parlamento; libertad de palabra en las dis­cusiones y en las actas del Parlamento; etc.

Los artículos que siguen regulan la suce­sión al trono y establecen que Guillermo y María, príncipe y princesa de Orange, son y quedan declarados rey y reina de Inglaglaterra, Francia, Irlanda y estados depen­dientes; que después de su muerte, la Co­rona y dignidad real pasarán a los descen­dientes de la princesa y a falta de here­deros a la princesa Ana de Dinamarca y a sus descendientes; en defecto de éstos, a los herederos descendientes del príncipe de Orange (arts. II-VII). El art. IX establece una importante limitación en materia reli­giosa, a saber, que todos aquellos que estén reconciliados o entren en relaciones con la Santa Sede y con la Iglesia Romana, pro­fesen la religión papista o se casen con pa­pistas, serán para siempre excluidos y de­clarados incapaces de heredar la Corona y de gozar de las prerrogativas del gobierno de Inglaterra y demás estados susodichos, de poseer y ejercer el poder real, de retener su autoridad y su jurisdicción y que en todo caso, por esta razón, serán privados de la obediencia y fidelidad. El art. X pres­cribe las modalidades para el juramento del soberano y los siguientes regulan materias transitorias. Este acta, junto con la Carta Magna (v.), con el Acta de «Habeos Cor­pus» (v.), con la Ley de Sucesión [Act of Settlement] de 1701, con los tratados de unión, con la Common Law y los Estatutos, constituyen uno de los factores más nota­bles del gran organismo constitucional bri­tánico, de carácter histórico. Como las de­más actas que integran la Constitución, tampoco ésta se inspira en fórmulas doctri­nales abstractas, sino en las condiciones del clima histórico en el momento en que surgió. Verdaderamente, las libertades afirma­das en el Acta son precisamente las viola­das por Jacobo II y que habían venido arraigando por la costumbre en la concien­cia popular británica.

A. Repaci